Según fuentes de la Business Software Alliance, el 45% del software que se utiliza en España es ilegal. Esta utilización de software sin contar con los correspondientes derechos supone un gran perjuicio para sus titulares y con objeto de perseguir a quienes defraudan, el código penal ha endurecido las leyes en 2015.
Tras esta reciente reforma, en vigor desde el pasado mes de julio, las empresas que hagan uso de software pirata podrán ser obligadas a suspender su actividad por períodos de hasta cinco años. Incluso, dependiendo de la entidad del software que utilicen, podría tener lugar el cierre de la empresa, dando por concluida su actividad de manera permanente.
Asimismo, se prevén sanciones para las empresas que infrinjan la ley por las que se les excluiría de subvenciones y ayudas públicas por un período de hasta quince años.
Pero la justicia no sólo apunta a las empresas. Sus administradores podrán ser juzgados e imputados con penas de cárcel de hasta cuatro años, así como con importantes multas económicas.
“El que actúe como administrador de hecho o de derecho de una persona jurídica, o en nombre o representación legal o voluntaria de otro, responderá personalmente, si tales circunstancias se dan en la entidad o persona en cuyo nombre o representación obre”.
Llama la atención un dato, recogido en el informe Software Value Study, realizado por la escuela de negocios INSEAD, que afirma que si sólo aumentase el uso de software legal un 1% en nuestro país repercutiría en un incremento de 1.500 millones de euros del producto interior bruto en España. Por no mencionar las importantes pérdidas económicas y de empleos que esta utilización de software fraudulento implica en nuestro sector tecnológico.
Pero no todo queda en el endurecimiento de la ley, ya que las autoridades gubernamentales están auditando cada día más empresas, comprobando si tienen software ilegal. Así, el riesgo para quienes defraudan es cada vez más tangible.
Incluso, para aquellas empresas con un amplio número de trabajadores, en las que puede llegar a utilizarse software ilegal sin el conocimiento de estos hechos por parte de sus administradores.
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